En los últimos lustros, y considerando que la legislación general no proporcionaba una protección adecuada a las mujeres, tanto el Estado como las diferentes Comunidades Autónomas han dictado normas jurídicas dirigidas a protegerlas de manera específica, estableciendo un derecho subjetivo en la igualdad de trato y proyectando la idea de igualdad real a diferentes áreas del derecho (también a las relaciones de derecho privado). Este fenómeno ha motivado una expansión del derecho antidiscriminatorio, que actúa sobre todo por medio de la extensión de la igualdad de trato a las relaciones entre particulares, así como por la vía del establecimiento de acciones positivas (cuotas de minorías, trato a la diversidad, etc.) o sanciones penales y administrativas. El derecho antidiscriminatorio es una herramienta que, además de proporcionar protección jurídica, pretende sensibilizar en relación con los derechos de los colectivos vulnerables y las minorías. Además, en la medida en que incluye un conjunto de infracciones y sanciones, el derecho antidiscriminatorio pretende sancionar conductas, como el acoso, que tienen «,