La globalización de nuestra sociedad y de la economía ha supuesto, de forma paralela, la globalización del crimen, que se ha transmutado en una amenaza de naturaleza transnacional, flexible y opaca. Por tanto, la lucha contra las redes criminales y otras formas graves de delincuencia requiere y exige de los Estados una respuesta penal común insertada en una estrategia global y multidisciplinar de seguridad, que venga acompañada de la puesta en marcha de instrumentos y sistemas verdaderamente eficaces. En este marco, y teniendo en cuenta que el crimen organizado existe y actúa, esencialmente por ánimo de lucro, las actuaciones dirigidas al decomiso, a la recuperación de activos del delito, al control de los flujos financieros, y al reforzamiento de las medidas de investigación, son claves en la creación y desarrollo de una política criminal de la UE dirigida a asfixiar económicamente a las organizaciones criminales mediante la expropiación de las ganancias proporcionadas por sus actividades delictivas. Las medidas e instrumentos adoptados hasta la fecha han supuestos grandes avances en la dirección correcta, «,